ENFOQUE POLITICO FRENTE AL SUICIDIO

MARCO POLITICO

En cuanto a políticas frente al suicidio, podemos decir que nuestro sistema político no manifiesta ninguna medida sobre el tema.

Para tratar el marco político, vamos a referirnos de forma global, es decir, a nivel mundial, para ver que opciones se nos presentan para evitar problemáticas tan delicadas, como en este caso el tema a desarrollar.

Según la OMS, la problemática del suicidio representa un problema de salud pública a nivel mundial, por cuanto afecta no solo a la persona sino también a su entorno. Se establece que para luchar y poner frente a esta problemática, es necesario enfrentar el tema sin tabúes y abiertamente, para dar soluciones efectivas.

Se pretende ver el tema como un indicador de salud, que manifieste los riesgos psicosociales, culturales, medioambientales susceptibles de prevención.

Según estudios realizados por la OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (AIPS), el factor que mas influye es la depresión, pero no se puede atribuir a una conducta netamente depresiva el hecho de que las personas tomen el suicidio como su mejor opción; trastornos bipolares, abuso de drogas y alcohol, esquizofrenia, antecedentes familiares, entorno socioeconómico, entre otros, son factores que contribuyen a que las personas se inclinen a esta tendencia del suicidio.

En Colombia, no existe penalización alguna frente al suicidio, es decir, no es considerado un delito, diferente a la inducción o ayuda (eutanasia). Esto esta comprendido en la Ley 599 de 2000 art. 107, el cual esta comprendido por dos partes:

Habla de la pena que tendrá una persona que ayude a otra a inducir el suicidio y este sea efectivo, la pena esta comprendida entre 2 y 6 años.
Este punto aminora la pena, dependiendo si la inducción del suicidio es para poner fin a un intenso dolor o sufrimiento, proveniente de alguna lesión o enfermedad incurable; para estos casos la pena a contemplar es entre 1 y 2 años.

“El valor trascendente dado por la Corte a la autonomía humana, plantea que el Estado no puede oponerse a la decisión del sujeto que solicita que le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad Terminal que le produce dolores insoportables con su idea de dignidad. Pero añade que no por ello se debe dejar de castigar a quien preste este tipo de colaboración”.

“El Estado, aun con medios coercitivos, debe proteger a las personas de si mismas cuando padecen de incapacidad psíquica, inmadurez o carecen de plena autonomía, esto es, enfermos mentales y menores”.[1]


[1] Universidad de Erasmus. Rótterdam